martes, 7 de septiembre de 2010

EL CIERRE DE LA CEDULA VIVA MILITAR-POLICIAL



Un tema que se encuentra en el tapete actual es el cierre de la "cédula viva" militar policial. Recordemos que hace unos años el Congreso aprobó la modificación constitucional que suponía el cierre de la otra famosa "cédula viva", el Decreto Ley 20530, estableciéndose en la Primera Disposición Final y Transitoria de la Constitución que toda modificación a los regímenes pensionarios debe regirse por los criterios de no nivelación y sostenibilidad financiera.

La no nivelación, de acuerdo al propio Tribunal Constitucional, no es forma parte del contenido esencial del derecho a la pensión, por lo que eliminar dicho "efecto espejo" (nivelación automática) del régimen pensionario militar-policial es una medida constitucional.

La sostenibilidad financiera, recogida por nuestra Constitución, supone que se prevean fuentes de financiamiento para el pago de las pensiones para lo cual es necesario contar con estudios actuariales, que las pensiones se financien con las cotizaciones de los afiliados activos, y que exista una entidad que administre los recursos, los mismos que no podrán ser afectados por disposición legal o judicial alguna. Eso no pasa lamentablemente con el régimen pensionario militar-policial, como tampoco ocurría con el Decreto Ley 20530, motivo por el cual fue reformado.

En efecto, las pensiones son financiadas por el Estado casi en su totalidad con el presupuesto público (dinero de todos), además cada Gobierno de turno ha empleado el fondo pensionario para satisfacer intereses cortoplacistas sin una real previsión a futuro. El resultado, un régimen desfinanciado, con nivelación automática, que impide mejorar el salario de los miembros activos que ganan sueldos muy bajos.

La “cédula viva” militar-policial es financieramente insostenible por lo que urge eliminar el efecto espejo (nivelación automática) de las pensiones. Las bases constitucionales existen para ello.

Dado ese primer paso, podrá estudiarse un incremento salarial al personal activo a fin de que se paguen remuneraciones equitativas.

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